La dirección andaluza de andaluz IU LV-CA no ha tardado en decir que «respeta pero no comparte» la sentencia que anula la asamblea provincial de 2007 y los actos y nombramientos que se derivan de ella, incluida la actual dirección jienense, y ayer mismo anunció que interpondrá recurso de apelación, mostrando su apoyo al consejo provincial y dejando claro que «mientras la sentencia no sea firme, seguirán ejerciendo sus funciones con total normalidad».
Unas horas antes, alcaldes, portavoces municipales y cargos de IU de Jaén capital de la corriente crítica o de Refundación de IU volvieron a lanzar su propuesta de una comisión paritaria que pilote de forma dialogada el proceso hacia la celebración de una nueva asamblea provincial. Aunque, temiendo que fuese rechazada, anunciaron que en ese caso pedirán la ejecución inmediata de la sentencia, por lo que, según indicaron, no habrá que esperar la resolución de los recursos ni a que la sentencia sea firme.
Derechos
El coordinador de Jaén y miembro destacado de dicha corriente, Javier Aguilera, apuntó al respecto que es difícil que alguna instancia judicial rebata la argumentación de Saturnino Regidor, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 jienense, ya que ha dejando patente la «quiebra de un principio democrático fundamental» como es el derecho a la participación en una formación política, y añadió que esta sentencia tiene consecuencias jurídicas y políticas.
La dirección regional lo redujo todo a motivaciones económicas, al asegurar que «el trasfondo político de lo que actualmente sucede con la organización de Izquierda Unida en la provincia de Jaén» es que no se cumple con los estatutos de la formación en lo referente a que son las direcciones provinciales «las encargadas de gestionar las subvenciones derivadas de los ingresos institucionales de los cargos públicos o la designación del diputado provincial». En su lugar, propuso que los problemas políticos sean solucionados desde la política, «evitando siempre judicializar los conflictos internos», según declaró a Europa Press.
En cambio, para la corriente crítica, el fondo de la cuestión son los derechos que tienen los integrantes de la formación - «Tenemos derechos», afirmó el alcaldes de Jódar, José Luis Angulo-, que se han vulnerado de manera «grave», remitiéndose a la sentencia.
Para el portavoz en el Ayuntamiento de Jaén, José Luis Cano, «es particularmente grave que alguien como Luis Segura, autoproclamado coordinador provincial» haya sido amparado por las distintas direcciones de IU y «hayan permitido este gravísimo conjunto de irregularidades», instándoles a que ahora «estén a la altura» y recordando que en las asambleas regional y federal participaron delegados jienenses elegidos en una asamblea ahora anulada.
Llamamiento
Para ello, Angulo hizo «un llamamiento» a los militantes y a los «progresistas de izquierdas» en general, para emprender «un nuevo camino» ahora que no hay dirección provincial y que «son las asambleas locales las que tienen el poder», y para apoyar una comisión paritaria de diálogo, como la propuesta en los últimos años, ya que «no sobra nadie». Cano agregó que Segura y Manuel Pegalajar están inhabilitados para esa comisión «por delinquir contra los derechos fundamentales» y por el daño hecho a IU, y Aguilera reiteró el ofrecimiento de que en la comisión no esté «nadie de etapa anterior» por ambos sectores. «Estamos construyendo la Izquierda Unida del futuro», proclamó.
Luis Segura, al que la dirección regional dio ayer su apoyo expreso, analizará hoy la situación.
20.06.09 - JOSÉ M. LIÉBANA | JAÉN http://www.ideal.es/jaen/
Una sentencia demoledora
20.06.09 - J. M. L. | JAÉN http://www.ideal.es/jaen/l
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La sentencia se apoya en otras del Tribunal Constitucional, que dicen que la organización y funcionamiento de los partidos «debe responder a los principios democráticos» con el fin de «contribuir a garantizar el funcionamiento democrático del Estado» y que «difícilmente pueden los partidos ser cauces de manifestación de la voluntad popular... si sus estructuras y funcionamiento son autocráticos».
Sobre el fondo del asunto, dice que en la asamblea no se respetaron los estatutos de IU, hubo irregularidades y sobre todo «vulneración del derecho de muchos afiliados a participar democráticamente». Ya que, por las pruebas practicadas, se negó a delegados su credencial, no hubo votaciones sino «simulacros» y no se pusieron los medios para subsanarlo. «Se produjo una palmaria violación del derecho fundamental». «Violación que conlleva la nulidad de todo lo actuado».
